miércoles, 9 de diciembre de 2009

Aminatu Haidar


La difícil situación en la que se encuentra la activista saharaui Aminatu Haidar me crea conflictos. Siempre he estado a favor de la causa saharaui y claro está de la defensa de los derechos humanos. Además, siempre he creído que dedicar la propia vida a una causa justa es algo loable y digno de admiración, pero entregar la muerte a una causa, la verdad no me lo parece tanto. Otra cosa es que en la lucha la muerte sobrevenga, pero no que la muerte sea el instrumento y el objetivo en sí mismo. Y aquí es donde surge el problema, porque según he podido leer y escuchar en las decenas de opiniones sobre este tema, si me muestro en contra de la huelga de hambre de Aminatu, o mejor dicho de que las autoridades españolas la dejen morir en un lugar público, porque ella así lo desee si no obtiene sus reivindicaciones, resulta que es que no tengo ni idea del sufrimiento de los saharauis ni del valor y la dignidad que supone la decisión de Haidar. Si por el contrario me muestro a favor, sentiría que estoy utilizando una vida ajena para mi conveniencia, apoyando que alguien muera por una reivindicación. Porque no nos engañemos quien está arriesgando su vida es Haidar, ni uno más de los que defienden y alaban su huelga de hambre.
Vaya por delante que estoy absolutamente en contra del gobierno de Marruecos, independientemente de que coopere con España y la Unión Europea en materia de inmigración y en la lucha contra el integrismo islamista. También lo estoy de China, Cuba, Corea del Norte, Arabia Saudí y de Mugabe entre otros.
Aún así, la situación a la que se ha llegado me parece una locura, si bien la reivindicación de Haidar me parece perfectamente legítima y nadie mejor que ella que ha vivido la represión y las torturas de Marruecos, para hacernos entender la causa saharaui, no comprendo el modo en que se está desarrollando, hoy incluso algunos medios publicaban una carta de los hijos, ambos menores de edad, dirigidas a las autoridades para que ayuden a su madre. El amarillismo empieza a abrirse hueco.
El hecho es que Aminatu sólo acepta un tipo de acuerdo, que pasa porque su pasaporte confiscado por Marruecos, le sea devuelto para poder regresar a su casa y ha rechazado una a una las posibles soluciones ofrecidas desde exteriores. Marruecos se niega y le importa bastante poco que esta señora muera o no. España se ha metido en un berenjenal importante, pero de ahí a que Haidar culpe a España de llevarla hacia la muerte hay un camino largo. La decisión de morir o no, sólo le corresponde a ella, y llegado el caso opino que las autoridades españolas no pueden permitir que alguien se deje morir así . Entiendo y defiendo que uno tiene derecho a decidir sobre su propia vida, pero esto creo yo, pertenece al ámbito privado, es decir, si una persona decide en plenas facultades dejarse morir en su casa o en un hospital, las autoridades no deberían impedirlo, pero Haidar se encuentra en lugar público bajo la responsabilidad de España.
Nadie discute que como país tenemos una responsabilidad histórica con el Sahara, igual que la tienen Naciones Unidas y Europa, pero también la tenemos con los derechos humanos. Si la relación con Marruecos ha de tensarse debería ser para exigir la instauración de una democracia en todo su territorio, no sólo para apoyar la autodeterminación del pueblo saharaui, sino con un verdadero compromiso con la libertad.
Mientras, asistimos a reivindicaciones por parte de diversos colectivos que en su apoyo a Haidar, exigen llevar la presión a Marruecos hasta donde haga falta como si generar un conflicto grave entre España y Marruecos fuera algo sin importancia. Con esto no estoy diciendo que los intereses entre países estén por encima de la vida de las personas, pero no hay que olvidar que en política internacional las decisiones no son inocentes y me niego a creer que no haya posibilidades alternativas.
Si nadie cede, el pueblo saharaui puede perder una importante activista y una familia a su madre. La actualidad sin embargo, es cruel, en unos meses nadie se acordará de Haidar y los que apoyan su huelga de hambre y no admiten la posibilidad de alcanzar algún tipo de acuerdo, mientras despotrican contra el juez y contra las autoridades españolas, volverán a sus vidas, comidas incluidas.

jueves, 3 de diciembre de 2009

En defensa de los derechos fundamentales en Internet

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:

1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red, en España ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

Este manifiesto, elaborado de forma conjunta por varios autores, es de todos y de ninguno. Se ha publicado en multitud de sitios web. Si estás de acuerdo y quieres sumarte a él, difúndelo por Internet.
Fuente: Microsiervos.

miércoles, 2 de diciembre de 2009

El poder de los medios

Hace unos días la noticia saltaba a los medios: Un joven era acusado de maltratar y abusar sexualmente de la hija de su compañera sentimental. La pequeña, de apenas cuatro años, finalmente fallecería a consecuencia de las lesiones.
Desde la detención y hasta un par de días después del fallecimiento de la menor, la sociedad española al completo se mostró conmocionada tras conocer el informe médico que recogía los posibles abusos físicos y sexuales que podía haber padecido la niña por parte de su cuidador. La prensa participó de esta conmoción, los medios difundieron imágenes de la detención y traslado del acusado y toda España pudo poner nombre y apellidos al autor de un crimen tan atroz.
Sin embargo, los resultados de la autopsia demostraron que los supuestos abusos no eran tales, y que la menor había muerto debido a graves lesiones internas producidas tras una fuerte caída unos días antes. Es decir, que el presunto acusado de su muerte, era inocente, y que además era uno de sus cuidadores habituales y había sido él mismo quien tras la caída había llevado varios días antes a la pequeña al hospital para asegurarse de que se encontraba bien.
Ahora, cuando la vida de familiares y del propio joven se encuentra destrozada, tanto por la muerte de la pequeña, como por el sufrimiento extra al que entre todos los hemos sometido, resulta sencillo echarse la culpa unos a otros; que si los servicios sanitarios están saturados y de ahí la incapacidad de los médicos, que si los medios han hecho un juicio paralelo y se han pasado la presunción de inocencia por donde han querido, o incluso según unas declaraciones hechas hoy mismo por el joven, como tras la muerte de la menor fue amenazado por los propios policías que lo tenían detenido.
Nadie en su sano juicio creerá que un médico envía a casa a un niño, sospechando que pueda tener una lesión grave tras una caída. La inmensa mayoría de las consultas a las que se acude por hechos parecidos no tienen un desenlace fatal y el golpe se queda en nada. De igual modo que no cabe en la cabeza que un facultativo vaya a acusar de algo tan grave así sin más. Lo que sí está claro es que la sociedad al completo y en especial los medios de comunicación, hemos hecho caso omiso a un derecho fundamental como es el la presunción de inocencia, juzgando y vilipendiando a una persona antes de ser formalmente acusada y condenada por un juez. E incluso después, cuando el informe forense ha puesto de manifiesto su inocencia, los medios para dar cuenta de ello y retractarse del error cometido han seguido difundiendo las imágenes del chico esposado y detenido. Nadie ha debido pararse a considerar la posibilidad de que continuar emitiendo las imágenes del joven, así como mencionar una y otra vez su nombre, pueda contribuir a su estigmatización social, y a dificultarle aún más la posibilidad de volver a una vida normal.
El derecho a la información es un derecho fundamental, pero éste no puede ir en contra de otros derechos inherentes a la persona, como el derecho al honor, o a la propia imagen. Es muy complejo establecer unos límites a la hora de informar, cuándo y cuándo no la difusión de imágenes o de la identidad de los protagonistas de una noticia tiene interés periodístico y cuándo sólo sirven para alimentar el morbo, pero situaciones como ésta demuestran que algo hay que hacer, ya que el inmenso poder de los medios no sólo sirve para encumbrar y publicitar a ídolos de masas, también puede ser una eficaz herramienta para arruinar la vida de una persona. No sería la primera vez que sucede.